CDMX (RRC): Mientras campesinos y transportistas mantienen bloqueos en carreteras federales por tercer día consecutivo exigiendo un precio justo por el maíz, un nuevo escándalo sacude al gobierno de Claudia Sheinbaum: la empresa Minsa, propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra –una de las asesoras empresariales más cercanas a la presidenta–, acaba de adjudicarse un contrato federal por 346 millones de pesos para el procesamiento de maíz en el Programa de Abasto Rural.
La revelación, divulgada este miércoles por medios independientes, pone en evidencia un presunto conflicto de interés que cuestiona la soberanía alimentaria prometida por la Cuarta Transformación (4T). Gómez Sierra, de 33 años y heredera de un emporio forjado en las privatizaciones neoliberales de los 90, preside el Consejo de Administración de Grupo Minsa, el segundo productor mundial de harina de maíz, y también dirige la Promotora Empresarial de Occidente (PEO), que incluye a Almacenadora Mercader (ALMER), clave en el control de silos y almacenamiento del grano.
Un contrato «directo» en tiempos de protesta.
El contrato, otorgado mediante adjudicación directa por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cubre el periodo de marzo a diciembre de 2025 e incluye servicios de transformación, flete, maquila y empaque para el componente «Maíz para Todos». Fuentes gubernamentales consultadas por Emeequis confirmaron que Minsa fue seleccionada tras un «análisis de cotizaciones», pero críticos señalan que la opacidad del proceso ignora las demandas de productores que reciben apenas 5 pesos por kilo, mientras el gobierno importa 16.8 millones de toneladas de maíz estadounidense a precios bajos.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Alianza Nacional de Transportistas (ANTAC) –quienes lideran los bloqueos en accesos fronterizos y puentes internacionales– acusan al oligopolio maicero de manipular precios mediante el control de hasta el 70% del almacenamiento nacional. «Es una bofetada al campo: mientras nosotros suplicamos un precio de garantía de 8 mil pesos por tonelada, el gobierno premia a los acaparadores con contratos públicos», declaró un líder campesino de Sinaloa, epicentro de la producción maízera.
En respuesta, Minsa emitió un comunicado negando cualquier manipulación de precios y afirmando que «cumple con todas las normativas». Sin embargo, el timing del anuncio –justo cuando los bloqueos paralizan el flujo de mercancías– ha avivado las críticas en redes sociales y entre analistas. «La 4T habla de transformación, pero aquí vemos la continuación del neoliberalismo con rostro humano», tuiteó la activista Denise Meade Gaudry, sumando miles de interacciones.
De heredera salinista a puente con la 4T.
Altagracia Gómez Sierra no es una figura nueva en el radar político. Hija del exsenador priista Raymundo Gómez Flores –quien se enriqueció con la compra de Minsa y Dina durante el salinismo y recibió rescates por más de 300 millones de dólares vía Fobaproa, el «saqueo» que la 4T tanto critica–, Gómez asumió el control familiar a los 26 años. Con estudios en Harvard y la Escuela Libre de Derecho, se posicionó como enlace empresarial de Sheinbaum desde la campaña de 2024, coordinando el Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y la Relocalización Industrial.
Su rol ha sido clave en reuniones con gigantes como BlackRock y Walmart, promoviendo el «Plan México» y la relocalización de cadenas de suministro. Bloomberg la describió como «la aliada inesperada» de Sheinbaum, destacando su capacidad para «hablar el lenguaje de los empresarios» en un gobierno de izquierda. Pero su doble sombrero –empresaria y asesora– genera suspicacias: ¿prioriza el bienestar de los productores o los márgenes de su conglomerado, que incluye importaciones de maíz transgénico de EU, pese a la retórica anti-OMC de la 4T?
Periodistas como Rubén Cortés han calificado el contrato como un «negociazo»: «Gómez decide el destino de millones de campesinos desde su escritorio corporativo, mientras Sheinbaum elige a su amiga oligarca sobre los hambrientos productores». En X, hashtags como #CorrupciónDelMaíz y #AltagraciaGómez acumulan miles de menciones, con videos virales mostrando contrastes entre su lujo –como un abrigo Miu Miu de 60 mil pesos en eventos oficiales– y la pobreza rural.
¿Conflicto de interés o «prosperidad compartida»?.
Expertos en gobernanza alertan sobre un «conflicto evidente». «Gómez impulsa acuerdos con productores mientras su familia acapara el mercado. Esto viola principios de separación entre poder económico y político», advierte un informe de Caribe Peninsular. La familia Gómez también enfrenta demandas pendientes por despidos masivos en Tres Estrellas de Oro, ironía que choca con su discurso de «prosperidad compartida» y «transformación».
Sheinbaum, en su mañanera de hoy, defendió el contrato como «parte de la estrategia de abasto» y prometió diálogo con el campo, pero evitó mencionar a Gómez directamente. Analistas predicen que este episodio podría erosionar la imagen de la 4T como defensora del agro, especialmente con elecciones intermedias en el horizonte.
Mientras los bloqueos persisten y el maíz –símbolo de la identidad mexicana– se convierte en campo de batalla, la pregunta persiste: ¿podrá la asesora millonaria liderar una verdadera «guerra del maíz» a favor de los productores, o solo consolidará el viejo orden? El campo espera respuestas, no más contratos directos.
